1 de enero de 2014

Expulsión de los españoles de América

Expulsión de los españoles de América

La expulsión de los españoles de América se produjo como resultado de las medidas tomadas contra ellos por los Estados independizados en las Guerras de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso que se extendió a nivel continental y que tuvo su origen en una serie de razones políticas, y que estuvo dirigido en principio contra individuos que habían ocupado cargos en la administración española, para ampliarse luego contra toda la población española.

Hay una clara distinción entre dos formas predominantes del exilio. La primera fue el exilio producto de las circunstancias de la guerra, y la segunda el exilio obligado por leyes de expulsión contra los españoles por parte de los gobiernos latinoamericanos, y que se extendió más allá de la conclusión de la guerra. La expulsión fue un drama humano para miles de familias, hombres, mujeres de toda condición, afectando con mayor severidad a los más humildes, o a los de mayor arraigo en el país, anclados a padecer un ambiente creciente de hostilidad contra todo lo español. La urgencia de abandonar los países americanos obligó al desprendimiento de sus propiedades, al embarque en un abusivo y peligroso transporte fuera del continente, y finalmente el arribo a un destino incierto, en su mayoría a puertos fuera de la península Ibérica, a la que por último llegaban completamente desamparados por el Estado o la monarquía.

Su estudio puede dividirse según las antiguas divisiones territoriales de América:

México y Centroamérica

La población de españoles en México se cifra en torno de 15.000 personas. La hispanofobia empezó con el mismo comienzo de la revolución de Hidalgo, pero se disparó con el asedio de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1823. Se tomaron medidas para retirar las armas a todo individuo español, y se les expulsaba del estado militar en activo. En febrero de 1824, se expulsaba a los españoles de cualquier cargo público que ocupasen. Se les negaba la posibilidad de retirar capitales, se les obligaba a abandonar sus lugares de residencia y se emitían contra ellos leyes particulares según cada caso. Hubo, sin embargo, diputados mexicanos que se mostraron contrarios a estas medidas que no respetaban los tratados de Córdoba, al adquirir la consideración de ciudadanos mexicanos. En ese entonces, el odio a lo español se alimentó también de la codicia de los naturales del país. El autor Lorenzo de Zavala describe que los más exaltados se sentían legitimados a desposeerlos porque les atribuían privilegios coloniales y ser causantes de la pobreza. Se tomaron medidas de propaganda para amedrentarlos y obligarles a abandonar México.

El 10 de mayo de 1827 se promulgó la ley de empleo, por la que ningún español de nacimiento podría ocupar cargo alguno en la administración pública, civil o militar. En agosto se propuso la primera ley de expulsión de todos los españoles sin excepción, con un plazo de 30 días, y la condición de poder sacar del país únicamente la tercera parte de sus bienes. Jalisco fue el primer lugar en ponerlo en práctica dando un plazo de 20 días; además se les prohibía el derecho a reunión. Otros estados tomaron medidas similares. Ya a nivel de todo el país se promulgó el 20 de diciembre de 1827 la primera ley de expulsión de los españoles, con 42 votos a favor y 13 en contra. En 1829 se promulga una segunda ley de expulsión. A consecuencia de esas leyes, entre los años 1827 y 1829 fueron expulsados de México en razón de su origen español 7.148 personas, según cifras del investigador estadounidense Harold Sims en su obra La Descolonización de México. En 1830 quedaban menos de 2.000 españoles en esa región.

La no aceptación de la independencia de México trajo severas consecuencias diplomáticas entre ambas naciones. Los fuertes resentimientos políticos de criollos y mestizos en contra de los españoles generaron una expulsión masiva de hispanos peninsulares hacia los Estados Unidos, Filipinas, Cuba, Puerto Rico y Europa; muchos de los expulsados fueron los descendientes del Emperador Agustín de Iturbide cuando se implanta el gobierno republicano. Los españoles que cambiaron su nacionalidad, lo hicieron por conservar sus vastas propiedades como haciendas, fincas, ranchos, a cambio de la aceptación y reconocimiento del gobierno republicano y la negación de títulos nobiliarios. Estaban distribuidos por todo el territorio nacional, desde las Californias hasta la Península de Yucatán. La hispanidad seguía siendo la base de la identidad nacional en medio de una población mayoritariamente indígena, que al paso de los años se modifica la composición étnica de la joven nación por el predominio del mestizaje.

En 1856, hubo confrontaciones entre mexicanos y españoles por el control de las propiedades de los ingenios azucareros de los recién formados estados de Morelos y Guerrero; propiamente en la región de Tierra Caliente, el conflicto terminó con el asesinato de ciudadanos españoles en la Hacienda de San Vicente Chiconcuac y la hacienda de Dolores. El sentimiento nacionalista e hispanofobo de los mexicanos prevaleció ante los privilegios que tenían los españoles peninsulares que habían permanecido en el país después del movimiento independentista por mantener sus propiedades.


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