1 de enero de 2014

En la Corte, más allá de la Corte: la construcción de un proyecto de Independencia para Brasil

Andréa Slemian

En la Corte, más allá de la Corte: la construcción de un proyecto de Independencia para Brasil

Resúmenes

El artículo analiza cómo fueron creadas, en la Corte de Rio de Janeiro, las condiciones necesarias para la construcción de un proyecto de Independencia e Imperio en Brasil a principios del siglo XIX, considerándose los conflictos internos existentes en la propia ciudad. Partiéndose de la discusión sobre los acontecimientos ocurridos en la región desde 1808 con la instalación de la Familia Real portuguesa en territorios americanos, se muestra de qué manera ese proceso contribuyó significativamente en la formación de una nueva Corte en América como así también el éxito de la alternativa monárquica, la que se proyectó hacia las demás provincias de Brasil, inclusive sin que la unidad de las mismas estuviera garantizada.


En la Corte, más allá de la Corte: la construcción de un proyecto de Independencia para Brasil

El 28 de enero de 1821, Cailhe de Geine –emigrante francés establecido en Brasil después de la derrota de Napoleón en 1814, considerado un supuesto informante de la Corte del rey portugués João VI– le escribía al intendente general de Policía, Paulo Fernandes Viana, que los pueblos de Brasil esperaban ansiosamente noticias más detalladas sobre las Cortes reunidas en Lisboa. Se encontraba en Rio de Janeiro y afirmaba que la situación era visiblemente tensa. Su consejo era que

S. M. S’adresse Elle-même à ses peuples dans une Proclamation, dans laquelle le Roi aura Soin de dire que: tandis qu’après avoir bien étudié, pendant plusieurs années, les Ressorts de l’administration au Brésil, Il était sur le Point de faire subir à son Gouvernement diverses modifications nécessaires au bien-être de Ses Sujets, Il avait eu la douleur de voir Une Portion de l’Empire soumis à Son Sceptre, bouleversée par l’esprit Révolutionnaire; mais que cette douloureuse circonstance ne l’empêcherait pas de s’Occuper de la félicité des Sujets qui lui étaient restés fidèles.

Sin embargo, no eran solamente los ánimos de la población los que estaban exaltados con la llegada de las noticias del movimiento revolucionario de Oporto, ocurrido en agosto de 1820, de la consecuente adhesión de Lisboa y de la instalación de Cortes Constituyentes a inicios del año siguiente. Era duro el golpe contra el gobierno de João VI quien, instalado en Rio de Janeiro desde 1808 y sin previsión de regreso a Europa, se veía frente a la urgente necesidad de tomar una actitud política acorde a las circunstancias. 

Más aún después del juramento al nuevo gobierno lisboeta en la ciudad de Belém de Pará, al norte de Brasil, ocurrido el 1 de enero de 1821 y con la formación de una Junta provisional de gobierno, a modo de lo que sucedió en la América hispánica. El 10 del mes siguiente le tocó a la ciudad de São Salvador, en Bahia, hecho que impulsó la difusión del mismo movimiento en toda la región del Noreste de Brasil.

En un primer momento, João VI firmó dos decretos como forma de posicionarse: uno que preveía el embarque inmediato del príncipe Pedro (su hijo) hacia Lisboa con la tarea de enviarle a su padre, quien se quedaría en Brasil, las representaciones y pretensiones de las Cortes; otro que ordenaba la convocatoria de una comisión de personas residentes en la Corte y nombradas por el rey para examinar las reformas y elaborar un texto constitucional para Brasil. Frente a la posibilidad de que el monarca no se sometiera a las Cortes, creció el clima de insatisfacción reinante en la ciudad. Y en la madrugada del 26 de febrero, un gran movimiento de tropas, comerciantes y pequeños propietarios exigió que se jurase la Constitución que sería sancionada en Lisboa, la suspensión de dichos decretos y el nombramiento de un nuevo ministerio. Se exigía también que la familia real volviera a Lisboa y que fuesen electos los diputados fluminenses a las Cortes portuguesas.

Frente a esta situación, el rey fue constreñido a aceptar, adhiriendo públicamente al nuevo gobierno; a su lado estaba su hijo quien el mismo día había prometido un aumento de sueldo a las tropas, a modo de punto final para la insubordinación. Dos meses después, el rey salió después de otro episodio, igualmente violento, vivido en la Plaza del Comercio (en abril) cuando se estaba tratando de votar los electores que elegirían representantes para las Cortes. Nuevamente, la movilización de los grupos armados se hizo evidente. En Rio de Janeiro se quedó el príncipe Pedro, quien al año siguiente (1822) encabezó un proyecto de Independencia para Brasil, en oposición a las propias Cortes.

Después de este breve relato, podemos plantear varias preguntas. Si la Familia Real en Río de Janeiro fue sorprendida por la inminencia de una insubordinación al producirse la eclosión del movimiento constitucional en el Reino, ¿qué fue lo que cambió en un año para que una propuesta de Independencia tomara forma de un modo tan rápido? O, dicho de otra manera: ¿cuál fue el efecto de la transferencia de la Corte al Brasil de modo tal que el mismo proyecto pudo ser gestado con la adhesión inicial de los grupos del Centro-Sur, la misma región donde, de hecho, se ubicó la Corte? Contestar a esta pregunta significa tener en cuenta la lucha política, sus conflictos y, obviamente, la propia violencia que atravesó toda la construcción de un proyecto independentista que fuese capaz de garantizar la soberanía sobre los territorios portugueses de América. Y sobre todo, que tal proyecto no se constituyó en base a un consenso sobre sus pilares políticos y constitucionales sino todo lo contrario, tal como se vio inmediatamente después. Pero a medida que el Imperio iba surgiendo como posibilidad en el horizonte, frente a la implementación de una agenda institucional y política a partir de Río de Janeiro, su proyecto provocó la creación de clivajes políticos, dividió grupos en casi todas las provincias, o sea, fue mucho más allá que la propia Corte.

La instalación de la Corte: refuerzo del absolutismo y crecimiento de las tensiones políticas

En vísperas de 1808, la ciudad de Río de Janeiro era el puerto más importante de los dominios portugueses en América, tanto en términos de volumen de negocios como desde el punto de vista estratégico. Desde 1763, cuando fue transferida hacia allá la capital del virreinato del Brasil, que antiguamente estaba localizada en Salvador (Bahia), la valorización de todo su entorno se hizo evidente. La transferencia había sido motivada, entre otras razones, por el descubrimiento de minas en la región de las « Gerais » y también se debía al intenso intercambio comercial con el Río de la Plata, donde conflictos subyacentes a las monarquías ibéricas se fueron produciendo intensamente a lo largo del siglo XVIII. Río de Janeiro ya era una región de concentración de la labor azucarera. Los mayores propietarios eran dueños de grandes fortunas provenientes del comercio, especialmente del de esclavos e invertían igualmente en tierras y producción agrícola. No fue una coincidencia que al decidirse que el Regente viniera al Nuevo Mundo, éste no haya cedido a los pedidos dirigidos por los habitantes de Salvador, en Bahia (primer lugar donde se hospedó), quienes pretendían que allí se quedara definitivamente.

De esa forma, la ciudad centralizaba el amplio y dinámico hinterland de la capitanía, además de estar especialmente conectada con el Atlántico y con una parte de la América de colonización española. Sin embargo, el impacto de la llegada del rey ocurrió en varios niveles. Políticamente hablando es imposible negar que la solución del viaje de la Familia Real portuguesa hacia Río de Janeiro haya estado imbuida de un espíritu de preservación del legitimismo monárquico, así como de la propia integridad física del monarca, considerándose los acontecimientos revolucionarios que estaban invadiendo parte de Europa, a los cuales se identificaba la figura de Napoleón Bonaparte –así como la situación vivida por Carlos IV y su hijo, Fernando, en España, ocurrida antes de la entrada de las tropas francesas a Portugal–. Los estadistas portugueses fueron quienes hicieron este cálculo y es un hecho que surtió efecto especialmente en lo ateniente a la preservación de los dominios coloniales, aunque fuera por un corto espacio de tiempo.

Pero el sentido político de la presencia del monarca en Río de Janeiro no debe ser pensado sin considerarse su dimensión en la vida social, económica e inclusive simbólica de la nueva Corte. Instituciones que servían para el pleno funcionamiento de la monarquía fueron recreadas en los trópicos, a pesar de la existencia de sus congéneres en Lisboa. Tal fue el caso de los altos tribunales (Desembargo do Paço y Casa da Suplicação), así como del Erario Regio, la Junta de Comercio y la creación de una Prensa Regia (que por entonces no existía en la América portuguesa).

Súmese a esto el hecho de que la llegada de la Familia Real trajo consigo un número significativo de funcionarios del Estado portugués (con escalas muy diferentes), de gente que gravitaba alrededor de la Corte, de extranjeros, etc., quienes siguieron viviendo en los trópicos en los años siguientes a esas fechas. Lo que también significó una efervescencia desde el punto de vista de las noticias que empezaron a llegar más frecuentemente a la ciudad, de los hábitos y costumbres urbanos, de los gustos, etc. Sin embargo, en este momento, resulta más importante destacar en ese proceso el desencadenamiento de dos movimientos convergentes que explican, en parte, el papel que la nueva Corte empezó a ejercer desde el punto de vista de las rutas imperiales, alterando radicalmente los ritmos coloniales.

En primer lugar, debido al arraigo de intereses de la realeza en la región de Río de Janeiro, los grupos locales vinculados con el comercio de abastecimiento de géneros buscaron privilegios por medio de servicios prestados a la monarquía. Este tipo de estrategia seguía siendo una forma fundamental de ascenso político. El comercio de géneros tuvo un enorme crecimiento en la provincia, así como en las capitanías adyacentes a Minas Gerais y a São Paulo. Basta decir que cuando el rey João llegó a los trópicos, recibió con una « quinta » (pequeña estancia), la mejor de la región, de manos de uno de los mayores traficantes de esclavos de la época, Elias Antonio Lopes. Además, el gobierno portugués alimentó el aumento significativo de la entrada de mano de obra esclava (sobre todo a partir de 1809), a despecho de la creciente presión inglesa. Todo el incremento económico de la región Centro-Sur se encontraba en la fuerza de los brazos africanos –base del posterior desarrollo de la cultura del café–.

El otro movimiento se refiere a una progresiva preocupación, por parte del gobierno del rey João, hacia América. En un doble sentido. Por un lado, debemos tomar con precaución los discursos sobre el sentimiento de « abandono » político que surgió en el Reino de Portugal. Este criticaba el nuevo rumbo de la Corte en relación con la regencia inglesa, y los efectos que surtió la apertura de puertos americanos a las naciones aliadas sobre las ganancias de los comerciantes locales. Por otro lado, debe considerarse que las cuestiones americanas eran apremiantes, inclusive para la conservación de la integridad de la monarquía. Esto quedó especialmente evidente a propósito de la posición adoptada por la Corte en relación con el Río de la Plata, foco de continuas preocupaciones por parte de sus estadistas, sobre todo después de la formación de las primeras Juntas de Gobierno en 1810, en Buenos Aires y en Montevideo, y cuyos efectos le resultaban particularmente amenazadores al Imperio portugués. Fueron dos las intervenciones militares lusitanas en la Banda Oriental: en 1811 y en 1817, así como fue permanente la observación de los procesos revolucionarios y del ascenso artiguista en el Sur, fuertemente temido por el gobierno del rey João.

La importancia de América en la orientación del Imperio fue uno de los temas abordados por los proyectos de reforma ilustrada portuguesa, mimetizada en la postura del secretario de Estado, Rodrigo de Sousa Coutinho quien, desde finales del siglo XVIII, proponía un amplio programa para su valorización. A partir de 1808, la propuesta de las mismas ganaba un nuevo sentido, lo que puede verse en la postura adoptada por uno de los más influyentes periodistas de la época, Hipólito José da Costa, quien en su periódico, el famoso Correio Braziliense, defendía sistemáticamente la urgencia en la reforma de las instituciones, mejorías en la administración –en sus más variados niveles– y el establecimiento de formas de integración del territorio americano que, desde su primer número, denominaba « Imperio de Brasil ». Lejos de que las palabras revelaran un « acto fallido », o inclusive un preanuncio de la Independencia que ni siquiera se percibía en el horizonte, la expresión mostraba que la relación de la nueva Corte con sus antiguos dominios debía transformarse en un proyecto orgánico capaz de asegurarle la soberanía en su propio territorio.

Una demostración de dicho proceso fue el hecho de que, frente a la derrota de Napoleón Bonaparte en Europa en 1814, la Corte permaneció en Río de Janeiro. Además, el rey João aprobó al año siguiente, en 1815, el ascenso de Brasil a la condición de Reino, en iguales términos que Portugal y Algarve, reconociendo la alteración de su condición política. Podría decirse que los políticos influyentes de la Corte parecían no verse afectados con el agravamiento de la situación económica y política de Portugal, donde el problema de la dependencia en relación a Gran Bretaña se unía al de la subordinación política a Brasil, entonces sede de la monarquía, como se decía en Portugal. Pero lejos de una supuesta frialdad por parte de ministros y secretarios del rey para con el antiguo Reino, la decisión señalaba los frutos del proyecto de formación de un centro de poder en América, la alteración de las rutas de circulación del Imperio en dirección a la nueva Corte, y el afincamiento de intereses en la región de la provincia y adyacencias, aliado a los deseos de ascensión política por parte de grupos locales. Las reacciones no demoraron en producirse, provenientes no solamente de Portugal.

Un duro golpe a la política de la corte llegó desde Pernambuco, en 1817. Con el apoyo de un amplio espectro social, un levantamiento militar derribó la autoridad local, instituyó un gobierno provisorio que abolió una serie de medidas del anterior, demostró la intención de elaborar una Constitución y, rápidamente, buscó aliados en otras capitanías, tales como Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará y Piauí (además de haber enviado agentes a los Estados Unidos y, probablemente, a Gran Bretaña). Al rebelarse, por considerar excesiva e indebida la centralización del gobierno de las capitanías de Brasil en manos de la Corte, el movimiento enfrentaba directamente las autoridades, espacios y símbolos del poder monárquico, sustituyéndolos por sus equivalentes dentro de un orden republicano, a pesar de no haber llegado a establecer un programa político cohesionado: el movimiento duró un poco más de tres meses debido a la violenta represión de las fuerzas militares provenientes, sobre todo, de Río de Janeiro pero también de Bahia.

Su abierta oposición dejaba en claro que si importantes sectores económicos de la región Centro-Sur de Brasil obtenían escaso provecho de las alteraciones promovidas en la configuración del Imperio desde 1808, la situación en Pernambuco y las capitanías adyacentes era una realidad bien diferente. Productoras de importantes géneros de exportación, tales como el azúcar y el algodón, las capitanías no tenían idénticas ganancias. Además, en Pernambuco, la recaudación de impuestos instituida por el Real Erario en 1812 recaía no solamente sobre los géneros exportables, sino y sobre todo, en aquellos de consumo interno, tales como alimentos, agravándose la situación frente a la caída de precios de exportación. De este modo, en dichas regiones, la insatisfacción con el gobierno de Río de Janeiro, región con la cual, además, tenían escaso o nulo contacto, era bastante generalizada, tanto numérica como socialmente.

En la Corte de Río de Janeiro, la Revolución de 1817 –nombre con el cual pasó a la posteridad– fue considerada un atentado a la soberanía y autoridad del monarca. No por coincidencia, los pernambucanos hablaban de la patria, una evocación política que mostraba nuevos contornos frente a la experiencia francesa, así como una referencia local que se contraponía a la soberanía proyectada por el gobierno del rey João sobre el territorio americano. Concepción muy diferente a la empleada por el citado periódico Correio Braziliense, cuyo redactor Hipólito José da Costa, condenó vehementemente al movimiento revolucionario y a quien no titubeamos en atribuirle el distinto sentimiento de patriotismo imperial, ese sí centrado en la Corte y el soberano en relación a todas las provincias.

Del mismo año 1817 se reciben noticias sobre el movimiento ocurrido en el Reino de Portugal reaccionando a las políticas de la nueva Corte. Fueron los gérmenes del movimiento constitucional de 1820 en Oporto que, paralelamente a los acontecimientos desencadenados meses atrás en España (con la caída del absolutismo fernandino), reunía varios sectores sociales en una abierta oposición militar a la orientación imperial, exigiendo inmediatas transformaciones políticas en nombre de la « regeneración portuguesa ». Por más ambigüedad que tuviera dicha evocación, la propuesta abría un abanico de posibilidades en relación al futuro y encontraba eco en su amplia adhesión al Reino con la instalación de Cortes Constituyentes en enero de 1821. Fueron proclamados diputados del otro lado del mar, inclusive cuando la deseada adhesión de las provincias de América al movimiento constitucional y el esperado regreso del rey a Portugal eran apenas hipótesis de una secuencia posible de hechos para los revolucionarios portugueses, dispuestos inclusive a correr el riesgo de la desintegración política del imperio. Pero esa vez el rey João fue constreñido a aceptarla, frente a una crisis que ya se enunciaba y que, cabe subrayarlo, fue reforzada con el traslado de la Corte al Brasil. Una real ambigüedad, sin lugar a dudas.

Las Cortes de Lisboa y los impases de un gobierno en Río de Janeiro

Según lo indicaba el relato de Cailhe de Geine, la insatisfacción con respecto al gobierno del rey João era un hecho. Lo cual se comprueba también en los ya citados desdoblamientos que ocurrieron en la ciudad después de conocerse el movimiento constitucional en Portugal y que obligaron al monarca a adherir a las Cortes de Lisboa. En su base se encontraba la crítica a las estructuras de las monarquías tradicionales, en boga en todo el mundo occidental desde finales del siglo XVIII, inclusive frente a la reacción adoptada por la Santa Alianza a partir de 1814 y de la cual el gobierno de João era, sin lugar a dudas, un adepto. Pero, y tal como veremos, existieron en la Corte de Río de Janeiro, abiertas disputas políticas que, a modo de clivajes creados por el proceso inaugurado a partir de 1808, contribuyeron a generar una profunda inestabilidad en relación a los proyectos para el futuro.

La entrada definitiva de nuevos protagonistas en la escena política explica una parte de esas tensiones. Con el arraigo de intereses en las regiones adyacentes a la nueva Corte y la consecuente expectativa de ascenso político, una camada de medianos propietarios y comerciantes (especialmente de Recôncavo de Guanabara y de Campos dos Goitacazes), aliados a los negociantes de géneros de abastecimiento y minoristas, abogados y oficiales militares, presionaron duramente al poder representado por las familias emigradas y de negociantes de grosso trato (o sea, grandes negociantes, invariablemente vinculados al tráfico de esclavos), quienes articulaban las esferas de decisión del Estado. 

Inclusive sin formar un grupo homogéneo, pero estando encabezados por Joaquim Gonçalves Ledo y por el negociante portugués recién llegado, José Clemente Pereira, representaban una amplia gama de sectores cuyas reivindicaciones encontraron, a principios de la década de 1820, una posibilidad de mayor participación en el gobierno a partir de la deflagración del movimiento constitucional. 

En consecuencia, una parte de esos sectores probablemente se involucró en los hechos que forzaron al monarca a jurar la Constitución de Portugal, el 26 de febrero de 1821, apoyando su regreso al país de origen y el sometimiento a las Cortes. A sus ojos, la permanencia del rey en territorios americanos podía provocar el total incumplimiento de las concepciones que resistían del otro lado del hemisferio, así como el refuerzo del poder de los altos burócratas con quienes competían por la hegemonía dentro del gobierno.

Otros protagonistas se vieron fortalecidos a partir de 1821, con el fin de la censura previa sobre la prensa (medida que fue tomada después de la adhesión al movimiento constitucional) y la ampliación del espacio político de discusión en la Corte. Una descripción de lo ocurrido en la forzada adhesión, registrada por uno de sus participantes, señala de qué manera algunos hombres con menores caudales también se encontraban insatisfechos con las actitudes del gobierno, y ayudaron en la organización. Entre ellos se encontraban oficiales militares que, en la víspera, se dispusieron a organizar sus batallones para encaminar los ánimos, ya exaltados, a favor del movimiento constitucional. Fueron quienes más ostensivamente lo promovieron, reuniendo las tropas al rayar el día. Gran parte de estas fuerzas militares pertenecían a la División Portuguesa y provenían del Reino; habían participado al movimiento de 1820. Además, oficiales y soldados mantenían vínculos con algunos grupos de productores y negociantes locales, mentores del movimiento, quienes dominaban cargos de gobernabilidad entre las tropas de Río de Janeiro.

Después de la adhesión, se tomó la decisión del embarque del rey João VI. Comenzaba la regencia de Pedro, en Río de Janeiro. Resolución que fue posponiéndose a medida en que el gobierno contemplaba otras alternativas, permaneciendo abierta la lista de funciones que tendría el regente en Brasil. Antes de que estallara el conflicto abierto durante el proceso de elección de diputados a las Cortes de Lisboa, en abril, y al cual nos hemos referido como catalizador final para la salida del monarca, la posición de los grupos involucrados en la defensa del movimiento constitucional estaba a favor de la formación de un gobierno provisional que pudiera controlar las acciones del príncipe Pedro durante su regencia, con el objetivo de ampliar su espacio de actuación política en la Corte. Quedó claro durante el episodio que la discusión sobre la elección se desvirtuó cuando se exigió que la familia real volviera inmediatamente a Lisboa, que el monarca aprobara la Constitución española de Cádiz y que se formara una Junta Provisional de gobierno. El elector José Clemente Pereira redactó un proyecto para el juramento de la Constitución y la elección de la Junta que llegó a ser entregado al rey para su sanción, por parte de la comisión creada a tal efecto. Nuevamente, el rey João se veía obligado a aprobar el decreto tal como fue propuesto; sin embargo, y frente al tumulto generado, la asamblea fue concluida a la fuerza con la llegada de las tropas, y el decreto fue revocado al día siguiente. Inmediatamente, el rey volvió a Europa y dejó a su hijo con plenos poderes en Río de Janeiro.

En cuanto a los diputados provinciales a las Cortes, su elección ocurriría a fines de mayo, como lo ordenó el príncipe. Pero debido a la difícil situación política, especialmente después de los mencionados acontecimientos, la falta de entusiasmo con las elecciones indicaba que nadie quería salir de la provincia para ejercer las funciones de diputado. De ese modo, la delegación de Río de Janeiro fue la única representación cuyos parlamentarios, en su mayoría, residían en Portugal: de los siete electos, cinco vivían en la parte europea del Imperio.

En la misma época, llegaban a la ciudad las noticias de la aprobación del texto de las Bases de la Constitución Portuguesa elaborado por las Cortes, fechado el 10 de marzo. El gobierno del príncipe Pedro tenía que tomar posición formalmente sobre su aceptación en Brasil, cuestión que otra vez provocaba divergencias de opiniones entre los ministros de la Corte. En ese ínterin, circularon boatos sobre una conspiración planeada por la tropa de Portugal en la ciudad, cuyos militares estaban recelosos de que se tomaran medidas contrarias al proyecto de Constitución. El 5 de julio a la mañana se produjo la insubordinación de los batallones de la División Auxiliadora que también exigían la inmediata aprobación de las bases constitucionales. Nuevamente constreñido por el temor de una sublevación, el príncipe Pedro rápidamente aprobó dichas Bases.

También hubo presión para que el gobierno del príncipe instalara una Junta de gobierno capaz de contrabalancear la amplia esfera de jurisdicción que éste poseía. La instalación fue impulsada por la acción del grupo liderado por Gonçalves Ledo y Clemente Pereira; pero como su poder de decisión permanecía impreciso y no le quitaba al monarca ni a los altos burócratas el monopolio de las decisiones políticas, los mismos organizaron una campaña a favor de la organización de un gobierno provisional. En 1821 escribían que ese gobierno era « un acto necesario para la reforma Constitucional de la Nación », y que la conservación del antiguo gobierno no pasaba de ser una señal de despotismo. El mismo gobierno fue instalado, en octubre de ese año, con tropas ubicadas en varios lugares estratégicos para evitar cualquier tipo de tumulto, evidenciando la escisión existente sobre el futuro constitucional.

Sin embargo, y a pesar de las diferencias entre los proyectos políticos de los diferentes grupos involucrados, podemos decir que todos estaban de acuerdo: mantener un centro de poder en Río de Janeiro, preservando la igualdad de posiciones alcanzada por Brasil como Reino en 1815, sea a través de la conservación del poder político del príncipe Pedro, sea reforzando mecanismos de consolidación de un gobierno constitucional. La regencia del príncipe despertaba, no obstante, posiciones antagónicas: quienes ascendieron políticamente con la instalación de la Corte en Brasil e inclusive parte de los inmigrantes que invirtieron en la región, lo defendían incondicionalmente, como modo de proteger la supervivencia de su poder; pero los que anhelaban una ampliación de los espacios de participación política e inclusive, de poder, apostando a que un gobierno provisional pudiera controlarla, manifestaban una mayor desconfianza. Nada más erróneo que imputarle a estas posiciones cualquier anticipación de la separación con Portugal. Particularmente para los adeptos de las transformaciones constitucionales, la propia unidad del movimiento iniciado en el Reino en 1820 era reconocida como forma de garantizar las deseadas transformaciones para el futuro; para sectores más conservadores, la preservación de la legitimidad dinástica portuguesa seguía siendo fundamental.

No obstante, los escenarios políticos fueron alterados en un ritmo bastante acelerado con el desarrollo de los trabajos en la Corte de Lisboa, sobre todo después de la llegada de los diputados de ultramar, quienes se asentaron paulatinamente en la Casa legislativa –a partir de septiembre, cuando llegaron los pernambucanos–, en función, especialmente, de los diferentes ritmos de los procesos electorales que ocurrieron en cada una de las provincias. Su actuación dejó en evidencia que inclusive frente a la inexistencia de un proyecto común que uniera los diputados de Brasil, una alternativa constitucional que pretendiera mantener la unidad portuguesa imperial fue una construcción inviable frente a la diversidad de intereses, posturas y expectativas. Los impases se agudizaron cuando cinco representantes provenientes de Brasil abandonaran las Cortes, en octubre de 1822. En ese momento, la alternativa de la Independencia ya había sido puesta en práctica en Río de Janeiro como producto, al mismo tiempo, consensual y conflictivo de la dinámica de la lucha política que se estaba desarrollando. Sus « porqués » se remontan igualmente al propio proceso de formación de una Corte en América desde 1808.

Por lo tanto, debemos retomar el hecho de que la permanencia del príncipe regente en América había generado en las Cortes, y desde su instalación, un cierto malestar en función de que su autoridad se constituyó en un cuerpo extraño, sin reglamentar, dentro del sistema constitucional que se pretendía construir. Llegó a proponerse una expedición militar a Río de Janeiro para llevar al príncipe Pedro de vuelta a Portugal. En tal sentido, si la recién instalada Casa legislativa se constituía en una nueva autoridad legítima y soberana de la nación portuguesa, las medidas tomadas para la formación de gobiernos en ultramar que se le vinculaban (bajo la forma de Juntas de Gobierno) y el propio regreso del príncipe, respondían a la misma lógica. En consecuencia, fue aprobado entre fines de septiembre y principios de octubre, sin mayores discusiones ni objeciones, inclusive por parte de los diputados del Norte de Brasil que allá se encontraban.

Pero cuando llegó la decisión de que el legítimo heredero de la monarquía volviera a Portugal, Río de Janeiro estaba lejos de ser apática. Entre los decretos aprobados por las Cortes, se preveía también la extinción de instituciones – entre ellas, los altos tribunales–, trasladadas a Brasil en 1808, transfiriéndose su jurisdicción a Lisboa. Sin embargo, e inclusive frente al temor de perder la autonomía del gobierno de la nueva Corte, la cuestión de la permanencia del príncipe Pedro en Brasil, dividía las opiniones. Algunos burócratas de alto rango, nobles emigrantes y familias ricas bien relacionadas, forzaban la desobediencia a las Cortes de Lisboa, mientras que los partidarios de Ledo y Clemente Pereira pretendían aprovecharse de la plaza libre dejada por el príncipe. Sin embargo, ninguno de los grupos citados tenía posiciones homogéneas. Para los primeros era determinante el apoyo de negociantes de Minas Gerais –que habían conseguido lucros con el arraigo de intereses y negocios al Sur de la capitanía– y la adhesión de los paulistas al gobierno –después que las conturbaciones políticas fueron aplacadas por la acción de José Bonifácio de Andrada e Silva, quien luego se destacaría políticamente, aproximándose al príncipe–. Además de haber resultado decisivo para la organización del movimiento que posteriormente se hizo conocido como Fico, ocurrido en enero de 1822 y que defendió la permanencia del príncipe Pedro en tierras brasileñas, en clara oposición a lo decretado por las Cortes.

Las posiciones de quienes apoyaban la regencia del príncipe se vieron legitimadas por una masiva propaganda política en periódicos y panfletos, con vehementes críticas a las Cortes como portadoras del objeto de « recolonización » de Brasil. Hasta poco tiempo atrás, buena parte de la historiografía brasileña reproducía ese discurso como supuesta explicación para el movimiento de Independencia. Pero es un hecho que tal discurso fue ideológicamente usado por varios protagonistas políticos que veían en la conservación de la Corte, una condición sine qua non para mantener sus poderes e intereses. Y para ello crearon un ambiente favorable a la idea de que las Cortes actuaban de manera « despótica », además de desviar el foco del conturbado juego político existente en la ciudad.

A inicios de 1822, la campaña ideológica orquestada por quienes estaban a favor de la permanencia del príncipe Pedro, salió triunfante. Pero ello no implicaba que los diversos proyectos políticos coexistentes en lo que atañía al papel que el príncipe debía desempeñar en el contexto de la monarquía constitucional fueran coherentes. Además, el Fico estaba lejos de resolver la situación y pacificar las tensiones. Tres días después de su difusión, nuevamente la tropa de la División Auxiliadora se rebeló contra el gobierno del príncipe Pedro, esa vez desobedeciendo los decretos de la Corte. Existían rumores sobre que la División quería apoderarse del príncipe y obligarlo a embarcar hacia Portugal, pues no lo respetaban más como autoridad. La noche misma de la decisión hubo disturbios causados por sus hombres, que recorrieron las calles rompiendo ventanas e insultando a los transeúntes. Con palabras amenazadoras, habrían arrancado de las paredes los folletos que se referían a la negociación. La intranquilidad prosiguió durante los días siguientes, demostrando la existencia de opiniones divergentes sobre la insubordinación de Río de Janeiro a las Cortes de Lisboa, las cuales encontraban respaldo en la acción de las tropas.

Un nuevo ministerio para la regencia fue divulgado, con José Bonifácio en la cartera de Negocios del Reino y Extranjeros, resultado efectivo de sus articulaciones políticas en São Paulo a favor del Príncipe. Por influencia del nuevo ministro, el 16 de febrero fue aprobado un decreto convocando un Consejo de Procuradores Generales de las provincias con la intención de juzgar la vigencia, en Brasil, de las leyes aprobadas en Lisboa. En mayo se prohibió la ejecución de cualquier decreto de las Cortes sin el « Cúmplase » del príncipe. A través de esas medidas quedaban claras las intenciones de conservar la autoridad del gobierno frente a las decisiones que llegaban de Portugal. Además Bonifácio fue uno de los articuladores del programa político elevado a las Cortes por parte de los diputados paulistas, cuya tesis era que Brasil tenía que permanecer unido y equiparado a Portugal, con su propio centro político, obviamente, en Río de Janeiro. La propuesta suscitó polémicas en la Casa legislativa, y la llegada de la bancada de São Paulo se transformó en un momento de inflexión en la tensión que envolvía las negociaciones entre los portugueses de un lado y del otro del mar.

Sin embargo, nada de todo esto apuntaba hacia la separación entre Brasil y Portugal como algo inexorable, ni tampoco existía consenso frente a la existencia de muchos que apostaban en la conservación del gobierno en Río de Janeiro equiparado al de Lisboa. Predominaba un intenso clima de disputas entre varios grupos influyentes en la Corte reforzado a medida en que José Bonifácio y la cúpula del gobierno de la regencia que lo apoyaba ganaban fuerza. Como crítica al Consejo de Procuradores que éstos defendían, sus opositores lanzaron la campaña en nombre de la convocación a una Asamblea Constituyente en Brasil. De nuevo la intención era clara: impedir la centralización de las decisiones en manos de los ministros y del alto escalafón del gobierno que se reflejaba en la propia elección de los procuradores. En un primer momento apostaron a que su realización, también identificada como « Cortes en Brasil », reforzaría una unidad de propósitos constitucionales con las Cortes lisboetas. La « independencia » aparecía como sinónimo de libertad constitucional.

Concomitantemente, el disenso crecía en las Cortes en lo ateniente a la definición de las relaciones entre Portugal y Brasil. La cuestión de mantener un centro político en América era uno de los grandes temas de tensión, pero no era el único, como puede verse en los conflictivos debates que existieron en relación a los asuntos comerciales y aduaneros que involucraban ambos hemisferios. El hecho es que con las Cortes de Lisboa oscilando entre una política conciliatoria y el uso de la fuerza para control de la situación en Brasil, existió un ambiente político favorable para la construcción de una alternativa llevando a la separación con Portugal, la que fue tomando cuerpo especialmente a partir de junio en Río de Janeiro.

La llegada de la noticia a Río de Janeiro de que los diputados portugueses revocaban la convocatoria de la Asamblea Constituyente en Brasil y exigían el regreso inmediato del príncipe Pedro, bajo pena de perder el derecho de sucesión a la corona, exaltó más aún los ánimos. El príncipe, que estaba llegando de un viaje a São Paulo con la intención de apaciguar tumultos contra su gobierno, declaró la separación definitiva de Portugal con un proyecto de formación de un Imperio que incorporase todos los territorios portugueses en América. El apoyo al proyecto se encontraba, sin dudas, en la región Centro-Sur, área que se vio beneficiada con la instalación de la Corte y que le ofrecía legitimidad a la permanencia del príncipe regente, heredero de los Bragança. Las discordias en las propias Cortes provocaron que la misma alternativa les resultara viable a los representantes de algunas provincias, aún más porque el nuevo Emperador (coronado en octubre) apoyaba la instalación de un nuevo espacio legislativo en Brasil. Pero ello no disminuyó el peso de las discordias políticas existentes en la propia Corte, ni siquiera el repudio que algunas provincias manifestaron frente a la medida (prefiriendo permanecer vinculadas a Portugal), con la eclosión de verdaderas guerras civiles. Hubo por lo menos un año de lucha armada, específicamente en las provincias de Bahia, Pará, Maranhão y Cisplatina que se negaban a someterse a Río de Janeiro, habiendo adherido mediante la acción de mercenarios extranjeros contratados por el gobierno del príncipe Pedro.

Con la Independencia, en búsqueda de un Imperio

La ruptura con Portugal trajo consigo un gran problema: formar una unidad soberana, entre las partes pretendidas, al proyecto de Imperio de Brasil. En tal sentido, las situaciones de violencia no se restringieron a las áreas que estaban en guerra declarada, ya que las turbulencias marcaron inclusive los momentos festivos de aclamación de Pedro, promovidas por las Cámaras municipales, a ejemplo de la realizada en Río de Janeiro con gran pompa, el 12 de octubre. El gobierno de la Corte no economizó esfuerzos para reprimir, inclusive a los individuos que representaban obstáculos para su proyecto. Véase cómo, días después de la declaración de Independencia, el nuevo Emperador clausuró la tienda masónica comandada por el grupo de Gonçalves Ledo y una gran campaña contra ellos fue encabezada por el ministro José Bonifácio, responsable de la apertura de un proceso indagatorio que los acusó de « facción oculta y tenebrosa de furiosos demagogos y anarquistas », obligando a algunos de ellos a abandonar el país, aunque sea temporalmente.

Al mismo tiempo, se realizaron esfuerzos para que las bases constitucionales del nuevo régimen pudieran ser aprobadas. La Asamblea Legislativa y Constituyente del Imperio de Brasil inició sus trabajos al año siguiente, en mayo de 1823, en cumplimiento a las palabras de Pedro de que mantendría su convocatoria después de la Independencia. Inclusive sin llegar a producirse la ansiada pacificación y elección en algunas provincias, la Casa se abrió con algo menos de la mitad del número de diputados esperados. Otros llegaron durante los meses siguientes, mientras que algunos ni siquiera tuvieron tiempo de formar parte de la misma.

Tensiones de la más variada índole fueron inherentes a los trabajos de la Asamblea desde su inicio. Pero fue a partir del mes de julio que se intensificaron, sobre todo en función de la agudización de las disputas existentes entre la Casa y el gobierno. El 16 de julio renunciaron José Bonifácio y su hermano a los Ministerios del Imperio y de Hacienda, respectivamente, pasándose a la oposición del nuevo gabinete, a través de la prensa y también en su condición de diputados electos, junto con su otro hermano, Antônio Carlos. Ese mismo mes empezaron a integrar la Casa los diputados de Bahia quienes, después de la derrota de los grupos favorables a la unión con Portugal en la región, fueron a ocupar sus escaños. La postura crítica que algunos de éstos adoptaron intensificó más aún el debate –entendiéndose que estaba en consideración exactamente el proyecto que reglamentaba los gobiernos de las Provincias y, por lo tanto, la relación de las mismas con la Corte–. La amplia polémica se instituía, sobre todo, entre quienes defendían una mayor autonomía e inclusive soberanía de las partes y quienes pensaban que la unidad debía construirse desde el centro político. Disputas que no diferían de las que ocurrirían en otros procesos iberoamericanos y que formaron parte del amplio y conflictivo debate sobre los nuevos Estados; pero que acá poseían una especificidad en lo referente a la monarquía y al papel que sus vínculos podrían desempeñar en la construcción de la soberanía sobre el territorio.

Sin lugar a dudas éstos vieron su peso confirmado cuando, frente al grado de tensión existente en la Casa, el Emperador se valió de dicha situación para justificar la clausura de la Asamblea en noviembre, seis meses después de haber sido abierta. Si la medida pudo caracterizarse como « despótica » por parte de sus opositores y críticos, instigando inclusive nuevos levantamientos contra el proyecto imperial, el hecho es que estaba inscripta en el rol de las monarquías constitucionales moderadas, sobre todo después de la restauración. Lo cual equivale a decir que existía también un espacio para que la medida pudiese ser considerada legítima, y el Emperador rápidamente nombró una comisión, integrada por hombres del gobierno designados por él mismo, para elaborar el texto de la Constitución.

El primer proyecto de Ley Fundamental se estaba discutiendo en la extinta Asamblea desde hacía dos meses. Mucho fue aprovechado en el texto que el Emperador proclamaría, en marzo de 1824, como Constitución del Imperio de Brasil, previa consulta a las Cámaras municipales. El documento tenía las marcas de las nuevas épocas, pues al mismo tiempo que garantizaba los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, creaba elementos más afectos a la conservación del orden, tal como el Poder Moderador y el Senado vitalicio electo en lista tríplice. Su proclamación alimentó reacciones controvertidas. Por un lado, fue negado por parte de quienes veían el proyecto imperial como centralizador y absolutista, especialmente en el Norte de Brasil, donde el movimiento conocido como « Confederación del Ecuador » (en Pernambuco), anunciaba a las provincias vecinas la formación de otra unidad política, tal vez, republicana. Por otro lado, su apoyo al nuevo pacto constitucional y la expectativa que implicaba, como primer paso para la construcción de un arreglo político favorable en el futuro. Lo que ocurrió en muchas provincias, especialmente en el Sur y Centro-Sur, al proyectar la posibilidad de que el nuevo Imperio atendiera sus demandas, después de la implosión de sus posibilidades en las Cortes de Lisboa.

Resulta obvio que si la Constitución mimetizaba, momentáneamente, una significativa adhesión fortalecida por los vínculos monárquicos, duros serían los años para la consolidación del Imperio. Ni siquiera en la Corte, como hemos visto, existía un consenso sobre las formas de gobierno, sino todo lo contrario. Pero resulta innegable que la alternativa imperial pasó a organizar los clivajes entre los proyectos políticos provinciales, si bien no inmediatamente en 1822 debido al estallido de varias guerras, al menos después de 1824. Lo que significa decir que, frente a las permanentes disputas existentes en el juego político, Río de Janeiro empezó a ejercer un papel central en la conformación de las alternativas tanto locales como provinciales –inclusive cuando éstas lo negaban–. Fue así que la Corte iba más allá de la propia Corte de Río de Janeiro.

Referencia electrónica
Andréa Slemian, « En la Corte, más allá de la Corte: la construcción de un proyecto de Independencia para Brasil  », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En línea], Debates, Puesto en línea el 11 abril 2013, consultado el 01 enero 2014. URL : http://nuevomundo.revues.org/65319 ; DOI : 10.4000/nuevomundo.65319

Andréa Slemian
Artículos del mismo autor
Indépendance du Brésil ou des Brésils ? Unité et diversité dans la construction d'un Empire en Amérique au début du XIXe siècle [Texto integral]
Publicado en Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Debates



No hay comentarios: